Cinco efectivos militares fueron enviados a prisión preventiva en Oruro tras revelarse su participación en el paso irregular de al menos 17 camiones con mercancía de contrabando procedente de Chile.
El Ministerio Público de Oruro confirmó el 26 de julio la detención preventiva de cinco miembros de las Fuerzas Armadas por su presunta implicación en actos de encubrimiento al contrabando. Los uniformados, destinados en un puesto de control fronterizo, habrían facilitado el ingreso de 17 camiones cargados con mercancías no declaradas provenientes del territorio chileno, según la denuncia presentada por la Aduana Nacional y respaldada por informes del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando.
La jueza a cargo del caso dictó la medida cautelar tras establecerse indicios razonables de comisión de delitos como uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado. Las autoridades aseguraron que los detenidos no lograron justificar los movimientos logísticos y omisiones en los registros de ingreso vehicular en la zona fronteriza.
La Fiscalía informó que los camiones transportaban electrodomésticos, bebidas alcohólicas, ropa de contrabando y otros insumos cuyo valor total superaría los 2 millones de bolivianos. Los vehículos fueron decomisados en un operativo conjunto entre la Policía y la Aduana luego de recibir denuncias de tránsito irregular en rutas secundarias.
Este caso se suma a otros procesos recientes que evidencian la penetración del contrabando en instituciones de resguardo fronterizo. La Aduana ha reforzado los controles con tecnología satelital y drones, sin embargo, los grupos de tráfico ilegal continúan operando con redes de apoyo logístico que incluyen, en algunos casos, a efectivos de seguridad.
El ministro de Defensa declaró que se aplicará una política de «tolerancia cero» ante actos de corrupción y se prevé una auditoría de responsabilidades en el batallón al que pertenecían los implicados. El hecho ha reavivado el debate sobre la eficacia de las estrategias estatales para combatir el contrabando, que representa una pérdida fiscal anual de más de 1.000 millones de dólares según estimaciones oficiales.
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