En medio de protestas masivas contra las redadas de ICE que dejaron 118 detenidos, el gobierno federal movilizó tropas a la ciudad de Los Ángeles, lo que ha generado debates sobre el uso de fuerzas militares en asuntos internos.
El 9 y 10 de junio de 2025, el presidente Donald Trump ordenó la llegada de 700 marines y la federalización de 4 000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles para “proteger al personal y la propiedad federal” durante las manifestaciones contra las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las protestas, que comenzaron tras la detención de 118 inmigrantes indocumentados bajo la estadounidense Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, han sido en su mayoría pacíficas, aunque se han registrado choques esporádicos con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Organizaciones civiles y la ACLU advierten sobre una “erosión de los controles democráticos” y posibles violaciones constitucionales al recurrir a las fuerzas armadas en lugar de la policía civil.
El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda contra la administración federal, alegando que dicha movilización excede la autoridad del Ejecutivo y vulnera la Insurrection Act de 1807, invocada por primera vez sin el consentimiento estatal desde 1965. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la operación, asegurando que los efectivos actuarán en funciones de apoyo y no tendrán potestad de arresto.
Expertos en derecho constitucional, como el profesor Steve Vladeck, han señalado que este despliegue “cruza una línea peligrosa” al difuminar las fronteras entre jurisdicciones civiles y militares. Mientras tanto, líderes locales, entre ellos la alcaldesa Karen Bass, han denunciado el uso de la ciudad como “un campo de pruebas autoritario” que podría sentar precedentes sobre la respuesta federal a protestas ciudadanas.
Créditos / Fuente
reuters.com