En un contexto marcado por presiones externas y tensiones internas, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia ha reafirmado su compromiso con una política económica soberana, en respuesta al más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que califica de “insostenible” la situación económica del país.
El gobierno boliviano, a través de un comunicado oficial difundido este lunes, insistió en que las políticas adoptadas están diseñadas en función de las particularidades nacionales y las prioridades de desarrollo del país. “Bolivia ejerce su derecho soberano a conducir su política económica de acuerdo con su realidad interna”, señaló el texto, en una clara alusión al carácter autónomo de su estrategia económica frente a las recomendaciones del FMI.
En su revisión del Artículo IV de 2025, el FMI expresó serias preocupaciones por el nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el déficit fiscal persistente y la sostenibilidad de las políticas de subsidios. Sin embargo, el Ministerio de Economía cuestionó el enfoque del organismo, afirmando que el análisis omite avances concretos como la recuperación de las reservas internacionales que alcanzaron los 2.618 millones de dólares al primer cuatrimestre de 2025, la gestión activa de la deuda pública y la estabilidad del sistema financiero.
El gobierno destacó medidas como la compra de oro por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), la colocación de bonos en moneda extranjera y el estímulo a las exportaciones como acciones que han fortalecido las RIN desde septiembre de 2023. Además, recordó que la deuda pública mantiene un “perfil saludable”, con condiciones concesionales que, según el Ejecutivo, permiten evitar ajustes macroeconómicos drásticos que comprometerían la estabilidad social.
En cuanto a los factores que impactaron el desempeño económico en 2024, el comunicado mencionó eventos climáticos extremos asociados al fenómeno de “El Niño” como sequías e incendios, así como bloqueos de caminos provocados por conflictos políticos internos, señalando que estos eventos fueron subestimados por el FMI en su evaluación.
Otro punto central del pronunciamiento gubernamental fue la denuncia de un bloqueo político dentro del país. Según el Ministerio, más de 1.800 millones de dólares en créditos internacionales se encuentran paralizados por decisiones de la Asamblea Legislativa, lo que ha limitado el acceso a financiamiento externo y generado transferencias netas negativas. Esta situación, advierten, no responde a debilidades estructurales, sino a dinámicas políticas internas.
Finalmente, el comunicado reafirmó el compromiso del gobierno con el servicio de la deuda externa, la diversificación de las inversiones del sistema de pensiones y el fortalecimiento de la inserción internacional de Bolivia, destacando su ingreso al Mercosur y su reciente adhesión a los BRICS como logros en el frente diplomático-económico.
Este cruce entre el Estado boliviano y el FMI pone en evidencia las tensiones persistentes entre modelos de desarrollo alternativos y las exigencias de organismos financieros multilaterales. En un escenario donde la credibilidad económica es tan política como técnica, Bolivia defiende su narrativa soberana mientras intenta sostener el delicado equilibrio entre crecimiento, inclusión y estabilidad fiscal.
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