El crecimiento de los delitos cibernéticos en Bolivia, especialmente a través de redes sociales y medios de pago digitales, ha encendido las alertas en el ámbito judicial. Las estafas digitales se vinculan cada vez más con situaciones de vulnerabilidad económica y, en algunos casos, con episodios de violencia familiar.
Durante el primer semestre de 2025, autoridades judiciales en Bolivia han identificado un notable incremento en las denuncias por cibercrímenes, en especial aquellas relacionadas con estafas electrónicas. Estas prácticas ilícitas incluyen la suplantación de identidad en redes sociales, promociones engañosas de productos a precios inusualmente bajos y estafas mediante el uso de códigos QR falsos. Las víctimas, en su mayoría usuarios de plataformas como Facebook o WhatsApp, son inducidas a transferir dinero sin recibir los bienes prometidos.
El fenómeno ha cobrado mayor visibilidad en regiones como Tarija, donde la digitalización de servicios y pagos electrónicos ha avanzado rápidamente, pero sin un correlato proporcional en términos de educación digital o protección al consumidor. Las autoridades judiciales han advertido la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y de promover campañas preventivas de alfabetización digital, en especial para poblaciones vulnerables y usuarios jóvenes.
Asimismo, varios de estos delitos están siendo vinculados a situaciones de violencia doméstica y presión económica intrafamiliar, lo que complejiza la intervención institucional. Se solicita un enfoque intersectorial que articule el trabajo entre el Ministerio Público, la Policía Cibernética, instituciones educativas y organizaciones de protección a la mujer y la niñez.
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