El Ministerio Público comunicó hoy avances sustantivos en la investigación penal contra el general Juan José Zúñiga, acusado de promover un intento de golpe de Estado y actos de insubordinación armada contra el Gobierno constitucional.
Según el último informe oficial, la Fiscalía General del Estado ha recabado una serie de pruebas documentales, incluidas comunicaciones internas, documentos estratégicos y registros de órdenes de movilización, que consolidan la acusación inicial de conspiración y sedición. Adicionalmente, se han recogido testimonios de oficiales subalternos y funcionarios civiles, quienes habrían confirmado la existencia de directrices específicas para la ejecución de maniobras militares no autorizadas.
El general Zúñiga, excomandante del Ejército, permanece detenido de manera preventiva en el penal de San Pedro, bajo medidas de seguridad reforzadas debido a la alta sensibilidad política del caso. Las audiencias preliminares, que fueron suspendidas temporalmente por solicitudes de la defensa técnica, se retomarán la próxima semana. En dichas audiencias, se evaluará la ampliación del periodo de detención preventiva y se definirán nuevas medidas cautelares que podrían incluir restricciones de visitas o mayores controles de comunicación.
El caso Zúñiga ha generado amplio interés público y ha alimentado un debate nacional sobre la estabilidad institucional y la relación civil-militar en Bolivia. Organizaciones civiles y analistas han expresado su preocupación por la posible existencia de redes de apoyo dentro de las Fuerzas Armadas y han exhortado al Gobierno a mantener el control democrático y el respeto a la cadena de mando constitucional.
El fiscal general, Juan Lanchipa, subrayó que la investigación continúa de manera independiente y objetiva, conforme a los principios del debido proceso y presunción de inocencia. No obstante, afirmó que «la acumulación de pruebas presentadas hasta la fecha otorga una base sólida para sostener la acusación en juicio».
A nivel político, distintos sectores han manifestado opiniones contrapuestas: mientras que oficialistas consideran el caso como un intento flagrante de desestabilización democrática, representantes de la oposición exigen garantías para un proceso justo y transparente.
La audiencia decisiva se prevé para el 10 de julio, fecha en la que se podrían definir elementos claves sobre la continuidad de la detención y el inicio formal del juicio oral.
Fuente: Ministerio Público.
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