Bolivia amaneció este junio bajo un cielo denso de incertidumbre. Las señales que en meses anteriores ya mostraban desgaste institucional, hoy se han materializado en una articulación simultánea de protestas, bloqueos y llamados a la desobediencia civil. Seis sectores dispares en su estructura, pero unidos en su descontento han comenzado medidas de presión que cuestionan no solo las políticas del presidente Luis Arce, sino la propia legitimidad de su mandato.
El conflicto ya no es coyuntural. Es estructural, y encuentra su motor principal en una economía frágil: escasez de combustible, inflación acumulada, y un mercado interno paralizado. Pero, como suele suceder en Bolivia, las crisis económicas terminan catalizando las disputas políticas más profundas. Hoy, el detonante más visible es la pugna por el control del MAS, entre el evismo que exige el retorno de Evo Morales y el arcismo que busca consolidarse como ala oficialista.
La estrategia de confrontación es clara: bloquear hasta quebrar. El plan hormiga anunciado por Juan Enrique Mamani, dirigente intercultural y afín a Evo, no es sólo una táctica de presión logística. Es un símbolo de desgaste prolongado, de asedio. Y cuando Morales convoca a “hacerse respetar” desde La Paz, no está apelando a la legalidad democrática, sino a la movilización como fuerza de legitimación alternativa.
El martes 3 de junio, los choferes uno de los sectores más corporativos y estratégicos del país se suman con un paro nacional. Su demanda inmediata es la más tangible: combustible. Pero en el fondo, su protesta conecta con la misma narrativa de ingobernabilidad que atraviesa al resto de las movilizaciones. La amenaza de un paro indefinido, respaldado por sectores urbanos, tensiona aún más la posibilidad de mantener la economía en movimiento.
A esto se agregan los gremiales de César Gonzales, movilizados en Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. Sus reclamos
liberación de exportaciones, fin de decomisos, políticas productivas ponen sobre la mesa el colapso de un modelo económico centralista que, en tiempos de vacas flacas, ya no logra proteger al pequeño productor ni al comerciante informal.
Hoy Bolivia no está simplemente enfrentando una protesta más. Está viviendo una fractura donde la legitimidad política ya no se disputa sólo en las urnas, sino en las calles, en los caminos, en los discursos radicales. La gobernabilidad pende de un hilo, no por falta de ley, sino por falta de conexión entre las élites gobernantes y las demandas populares.
0