La Fiscalía Departamental de Potosí informó este jueves 19 de junio que se encuentra investigando la posible participación de francotiradores en los enfrentamientos ocurridos en Llallagua los días 11 y 12 de junio. El caso involucra el uso de armas de largo alcance en un contexto de protestas y disturbios sociales vinculados a grupos afines al expresidente Evo Morales.
Los disturbios en Llallagua, al norte del departamento de Potosí, dejaron un saldo de dos personas fallecidas por impacto de bala y más de una decena de heridos, según reportes oficiales del Ministerio de Gobierno y de la Defensoría del Pueblo. El hecho generó un amplio rechazo nacional por el uso desproporcionado de la violencia, así como por la presunta infiltración de grupos armados no identificados.
El fiscal departamental de Potosí, Richard Villarroel, confirmó en conferencia de prensa que “hay fuertes indicios de la presencia de francotiradores o tiradores de precisión” que operaron durante las jornadas de bloqueo y enfrentamiento. La Fiscalía ha identificado casquillos de proyectiles calibre 7.62 y .308, normalmente utilizados en fusiles de alta precisión.
“Estamos hablando de armas que no forman parte del armamento convencional de uso civil. Es posible que haya existido apoyo logístico externo, por lo cual se está ampliando la investigación a una red estructurada de instigación armada”, señaló Villarroel.
La hipótesis se basa en testimonios de testigos protegidos y en pericias balísticas preliminares realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que indican que los disparos provinieron desde azoteas de edificios cercanos a la plaza principal de Llallagua, en dirección a puntos de concentración de manifestantes.
Los enfrentamientos ocurrieron en el marco de protestas convocadas por organizaciones campesinas vinculadas al ala evista del MAS, que exigían la restitución de Evo Morales como candidato y denunciaban “persecución política”. Las fuerzas policiales desplegadas en la zona aseguran haber sido blanco de ataques coordinados con armas de fuego.
La Policía Boliviana, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, ha conformado un grupo especial de inteligencia para investigar las conexiones logísticas y políticas detrás de los responsables. Se prevé que en las próximas horas se emitan órdenes de aprehensión contra al menos cinco personas presuntamente vinculadas al traslado y ocultamiento de armamento en domicilios particulares.
El ministro Eduardo del Castillo aseguró que “no se tolerará la creación de milicias armadas en territorio nacional” y que se perseguirá penalmente a quienes estén detrás de estos actos, bajo cargos que podrían incluir terrorismo, asesinato y asociación delictuosa.
El caso también ha generado reacciones en el ámbito internacional. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación y pidió una investigación imparcial que determine responsabilidades sin criminalizar la protesta social pacífica.
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