La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó este 19 de junio un paquete de créditos por un total de 160 millones de dólares destinados a financiar la logística, seguridad y tecnología de las elecciones generales del 17 de agosto. La votación reflejó una amplia mayoría compuesta por legisladores del ala «arcista», opositores y bloques independientes, dejando aislado al grupo parlamentario afín a Evo Morales.
En una sesión extraordinaria realizada en la sede legislativa de La Paz, la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado sancionaron la aprobación de dos convenios de préstamo: el primero, por 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el segundo, por 60 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Ambos están destinados a cubrir los costos logísticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la compra de material electoral, contratación de notarios y seguridad ciudadana.
El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo como parte de una estrategia de viabilización institucional frente a la amenaza de desfinanciamiento del proceso electoral. El presidente Luis Arce destacó la aprobación como “un paso firme hacia la consolidación democrática”, y agradeció a las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y legisladores oficialistas no alineados con Evo Morales por “anteponer el interés nacional a las disputas partidarias”.
La votación evidenció una fractura estructural dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). El grupo evista, liderado en la Asamblea por diputados como Gualberto Arispe y Senadora Virginia Velasco, se opuso abiertamente a los créditos, argumentando falta de transparencia y riesgo de endeudamiento externo innecesario. Sin embargo, su posición no logró apoyo suficiente ni siquiera dentro de su propia bancada.
“Es evidente que el ala radical del MAS ha quedado aislada políticamente. Han perdido capacidad de veto en la Asamblea y enfrentan una creciente erosión de su base legislativa”, explicó el analista Carlos Böhrt. De los 130 diputados, 86 votaron a favor de la aprobación, 34 en contra y 10 se abstuvieron.
Por su parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también afín a Evo Morales, se abstuvo de emitir comentarios tras la sanción final de la ley. Desde sectores cercanos al expresidente se anunció que se presentará una acción de inconstitucionalidad contra el convenio BID, aunque sin probabilidades visibles de éxito.
Estos recursos permitirán, entre otras acciones, la impresión de más de ocho millones de papeletas, la contratación de 5 000 notarios electorales, la cobertura del pago a jurados y la logística de traslado de materiales a los recintos más alejados del país, así como el equipamiento de recintos seguros en zonas de conflicto.
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