El martes 25 de junio, se reactivaron bloqueos en rutas del trópico de Cochabamba por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes exigen la liberación de dirigentes detenidos y denuncian una presunta falta de imparcialidad en el proceso electoral de agosto.
Las vías cercanas a las localidades de Ivirgarzama y Eterazama amanecieron bloqueadas por grupos de productores de coca y simpatizantes del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), en una nueva jornada de presión que obstaculizó el tránsito entre Cochabamba y Santa Cruz. Estos sectores, nucleados en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, declararon estado de “emergencia” y afirmaron que mantendrán las medidas de presión hasta que se atiendan sus demandas centrales: la liberación inmediata de los dirigentes arrestados en operativos recientes y la reestructuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las protestas se enmarcan en una escalada de tensiones internas dentro del oficialismo, donde el bloque evista ha cuestionado sistemáticamente la conducción del proceso electoral por parte del Gobierno de Luis Arce y del órgano electoral. En declaraciones difundidas por radio Kawsachun Coca, los dirigentes señalaron que “la criminalización de la protesta social y la judicialización de la dirigencia cocalera son mecanismos para silenciar al pueblo”.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno informó que los bloqueos vulneran el derecho al libre tránsito y afectan la economía regional. Advirtió además que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están facultadas para intervenir en caso de persistencia. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, llamó al diálogo, aunque reiteró que “el Estado no permitirá la toma de carreteras como medida extorsiva”.
Analistas políticos han señalado que este tipo de movilizaciones podría influir en la campaña electoral en curso, debilitando la cohesión del MAS y generando incertidumbre en los votantes. Hasta el cierre de esta edición, las rutas permanecían parcialmente obstruidas y el Gobierno evaluaba nuevas acciones de mediación.
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