La Asamblea Legislativa Plurinacional debatió este 25 de junio un proyecto de ley que otorga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) nuevas atribuciones para fiscalizar el financiamiento y la publicidad electoral. El debate generó fricciones entre bloques oficialistas y evistas.
La sesión del martes en la Cámara de Diputados estuvo marcada por tensiones entre legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), divididos entre los bloques “arcista” y “evista”, además de la participación de fuerzas opositoras como Comunidad Ciudadana y Creemos. El proyecto de ley en cuestión busca ampliar el control del TSE sobre los recursos utilizados por partidos y alianzas políticas en campaña, incorporando mecanismos de auditoría financiera anticipada, declaraciones juradas de aportes individuales y una regulación más estricta sobre el uso de redes sociales.
Los impulsores de la norma, afines al presidente Luis Arce, argumentaron que el país requiere medidas urgentes para transparentar el proceso electoral, en medio de denuncias sobre el uso de fondos irregulares y campañas financiadas por intereses externos. “La democracia boliviana no puede estar sometida a la opacidad financiera”, declaró la diputada arcista María del Pilar Flores.
No obstante, la propuesta fue fuertemente rechazada por representantes del bloque evista, como el diputado Héctor Arce, quien advirtió que la ley busca “blindar la candidatura oficialista e impedir la participación libre de corrientes disidentes”. Desde su bancada, sostienen que el TSE ha perdido credibilidad y que esta normativa profundiza su rol como actor político.
La oposición también expresó dudas sobre la oportunidad y urgencia de la medida. El diputado Carlos Alarcón (CC) señaló que “la fiscalización es necesaria, pero no debe convertirse en un instrumento de persecución política”.
El proyecto aún debe pasar al Senado, donde se anticipa una revisión detallada de los artículos más controversiales. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil como Fundación Jubileo y Transparencia Bolivia llamaron a un amplio debate público para garantizar que la norma no atente contra los derechos políticos ni contra el pluralismo.
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