La Fiscalía Departamental de La Paz convocó oficialmente al exministro de Justicia Iván Lima Magne para prestar declaración informativa dentro del caso denominado “Consorcio”, que investiga presuntas redes de presión y manipulación en el Órgano Judicial. La citación fue emitida con carácter obligatorio, advirtiendo que su inasistencia podrá derivar en la emisión de una orden de aprehensión.
Este 27 de junio de 2025, el Ministerio Público de La Paz emitió una citación formal dirigida a Iván Lima, exministro de Justicia del gobierno de Luis Arce, para que comparezca en calidad de testigo informativo en la causa abierta bajo el nombre de “Consorcio”. La investigación indaga supuestas prácticas sistemáticas de cooptación de autoridades judiciales por parte de actores políticos y operadores jurídicos vinculados al oficialismo.
La causa se reactivó a raíz de la difusión pública de un audio atribuido al también exministro César Siles, en el que se alude, de manera comprometedora, al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En dicha grabación, que se viralizó en redes sociales y medios digitales, se mencionan coordinaciones irregulares en procesos judiciales, sugiriendo la existencia de un entramado paralelo de influencia institucional, mediáticamente calificado como un “consorcio de poder”.
El contenido del audio motivó la reapertura del expediente judicial y dio pie a la Fiscalía para ampliar la lista de personas convocadas, entre ellas exautoridades de alto nivel. La inclusión de Iván Lima obedece, según fuentes del Ministerio Público, a su vinculación institucional con el sistema judicial durante su gestión como ministro y a la necesidad de esclarecer posibles nexos u omisiones en relación con los hechos investigados.
La resolución fiscal indica expresamente que, en caso de inasistencia injustificada, se procederá con la ejecución de mandamiento de aprehensión, conforme al artículo 225 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, se aclara que Lima no ha sido imputado formalmente ni se encuentra en calidad de sindicado, pero su declaración es considerada clave para delimitar responsabilidades.
Por su parte, el exministro Lima ha declarado en entrevistas anteriores que no participó ni conocía de la existencia de ninguna red de influencia judicial, y calificó las denuncias como “una estrategia de desgaste político orquestada por sectores internos del propio partido de gobierno”.
El caso ha generado una amplia repercusión pública, al poner nuevamente bajo escrutinio la independencia del sistema judicial boliviano. Diversas organizaciones civiles, como la Fundación Jubileo y el Observatorio de Justicia Plural, han instado a que las investigaciones avancen con transparencia, imparcialidad y sin interferencias políticas. En la misma línea, el Colegio de Abogados de Bolivia emitió un pronunciamiento exigiendo que se respete el debido proceso, pero que se llegue a la verdad “caiga quien caiga”.
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