Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), difundido el 27 de junio por el diario Correo del Sur, reveló que en Bolivia operan estructuras familiares vinculadas directamente al narcotráfico, las cuales articulan operaciones de producción, acopio, transporte y lavado de dinero. Estas redes funcionan de manera celular y descentralizada, con presencia significativa en zonas estratégicas de frontera y colaboración con organizaciones criminales internacionales, en particular en el eje Bolivia–Brasil–Paraguay.
La investigación de la UNODC expone una configuración delictiva basada en clanes familiares que han asumido funciones especializadas dentro del tráfico ilícito de drogas. A diferencia de los carteles verticales clásicos, estas estructuras son fragmentadas, autónomas, pero funcionalmente articuladas en una red compleja de logística, distribución y protección local. El modelo operativo descrito se asemeja al de “microsistemas de criminalidad organizada”, donde el parentesco y la confianza familiar son el núcleo del control operativo.
De acuerdo con el documento, varias de estas familias tienen su base de operaciones en el trópico de Cochabamba, considerado uno de los centros más productivos de hoja de coca en el país. Desde allí, mediante intermediarios, la sustancia procesada se traslada por corredores clandestinos hacia el oriente boliviano, cruzando hacia territorio brasileño a través de puntos sensibles como San Matías, Puerto Suárez, y hacia el sur, mediante rutas irregulares en Yacuiba, frontera con Argentina y Paraguay.
El informe destaca que el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, así como redes paraguayas emergentes, han establecido vínculos con estos grupos bolivianos a través de acuerdos no institucionalizados, compartiendo rutas, tecnología de comunicación encriptada y, en algunos casos, recursos logísticos para el transporte aéreo y fluvial. Se trata, según el informe, de una cooperación “funcional y pragmática”, en la que el PCC asegura rutas internacionales y los clanes bolivianos garantizan el suministro.
Otro hallazgo relevante del informe es el papel de estas familias en el blanqueo de capitales, utilizando empresas informales, comercios de frontera, cooperativas de transporte, ferias locales y el sistema financiero informal para introducir dinero ilícito en la economía formal. La UNODC identificó patrones sospechosos de adquisición de propiedades rurales, talleres mecánicos, estaciones de servicio y actividades de comercio electrónico que podrían servir como fachadas para actividades ilegales.
El Gobierno boliviano, a través del Ministerio de Gobierno y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), ha emitido un pronunciamiento el mismo día, indicando que no se tolerará ninguna estructura de narcotráfico, “sea del tipo familiar, político o corporativo”. Asimismo, se anunciaron operativos conjuntos con fuerzas especiales del Brasil y Paraguay, en el marco de acuerdos bilaterales y protocolos de cooperación firmados bajo la supervisión de la Comunidad de Policías de América (Ameripol).
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo que las acciones de interdicción se han intensificado en zonas rurales y de frontera, y aseguró que al menos 34 operativos mayores se han ejecutado en los últimos tres meses, con incautaciones que superan las 14 toneladas de droga. También se investigan posibles nexos con estructuras político-administrativas a nivel municipal y departamental
Para la ONU, el fenómeno del narcotráfico en Bolivia ha mutado en las últimas dos décadas desde una lógica de grandes carteles hacia redes familiares flexibles, cuya baja visibilidad y enraizamiento local dificultan la persecución penal. Esto representa un desafío para los sistemas judiciales y policiales, que carecen en muchos casos de herramientas legales para abordar redes descentralizadas y poco jerarquizadas.
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