En un momento de máxima tensión política, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha reafirmado, sin ambigüedad, que la reelección indefinida está prohibida en Bolivia. La declaración del presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, este lunes, marca un punto de inflexión jurídico y político, al confirmar que ni la continuidad ni la discontinuidad en el ejercicio del poder permiten sortear el límite constitucional de dos mandatos presidenciales.
Apoyado en dos sentencias clave —la 1010/2023 y la reciente 007/2025—, el máximo órgano de control constitucional ha cerrado cualquier interpretación que permita la reelección de Evo Morales u otra figura política bajo el argumento de derechos humanos o precedentes internacionales. “Nadie puede perpetuarse en el poder”, afirmó Hurtado, con tono institucional pero en un contexto altamente politizado.
Este pronunciamiento no se produce en un vacío legal, sino en medio de una creciente presión del ala «evista» del Movimiento al Socialismo (MAS), que ha instalado vigilia, huelgas de hambre y protestas en puertas del TCP en Sucre. Exigen la habilitación de Morales como candidato presidencial para los comicios del 17 de agosto. La protesta, que comenzó con tres huelguistas, creció a cinco este lunes, mientras en La Paz y Cochabamba se intensifican las movilizaciones.
La tensión política gira alrededor de una disputa no solo por un nombre o una candidatura, sino por el modelo de poder que ha dominado Bolivia desde el 2006. La decisión del TCP fortalece la narrativa institucional de que el país ha entrado en una nueva etapa constitucional donde los liderazgos ya no pueden anclarse indefinidamente al Estado.
No se trata solo de una cuestión jurídica. Lo que está en juego es el equilibrio entre legalidad y legitimidad en un país marcado por polarizaciones profundas. El evismo denuncia una exclusión política; el TCP reafirma la vigencia de los límites democráticos. En este escenario, el tribunal ha anticipado que podría emitir en las próximas horas un nuevo pronunciamiento para “reforzar” los candados constitucionales contra la reelección.
Desde el fallo del 14 de mayo sentencia 007/2025 que impide explícitamente la reelección indefinida, el Tribunal ha consolidado una doctrina restrictiva sobre la continuidad en el poder. La vigencia de esta línea jurisprudencial no admite excepciones: ni por intermedio de reinterpretaciones, ni por presión social, ni por vacíos legales.
El país entra así en una nueva fase del debate sobre el poder: ya no se discute únicamente quién gobierna, sino bajo qué reglas. Y el TCP ha dejado claro que esas reglas no se modifican en función de nombres, trayectorias o mayorías coyunturales.
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