El presidente Arce afirmó que la misiva redactada por el general Zúñiga “no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad política y militar” de los hechos acontecidos en abril de 2025, cuando unidades del Ejército se movilizaron en proximidades de la Plaza Murillo, sede del poder político del país. La acción fue inicialmente presentada por los involucrados como una «demostración de fuerza», aunque posteriormente derivó en detenciones preventivas, investigaciones judiciales y sanciones dentro de las Fuerzas Armadas.
“Lo que hace Zúñiga en esa carta no es otra cosa que admitir que hubo una intención deliberada de desestabilizar el Estado. Para nosotros es una prueba más de que lo ocurrido no fue un acto simbólico, sino un intento de golpe de Estado”, señaló el mandatario. En el documento, cuyo contenido completo no ha sido publicado oficialmente, el general habría reconocido que ordenó el despliegue de tropas con el objetivo de ejercer presión sobre autoridades políticas, en el marco de un desacuerdo institucional no especificado.
La carta, entregada por los abogados defensores del general al Ministerio Público, fue incorporada como elemento de convicción dentro del expediente penal que se encuentra bajo jurisdicción del Juzgado Segundo de Instrucción Penal de La Paz. El fiscal a cargo del caso, Mario Lema, declaró que el escrito “contiene expresiones de alto valor procesal que permiten inferir conductas típicas”, y adelantó que el mismo será objeto de peritaje lingüístico para establecer autenticidad, contexto y grado de responsabilidad subjetiva.
Por su parte, la defensa del general Zúñiga sostiene que la carta no representa una confesión plena, sino una narración personal redactada “bajo presión emocional” mientras se encontraba bajo custodia. El abogado defensor, coronel (r) Ricardo Fernández, denunció además que se ha vulnerado el principio de confidencialidad, al filtrarse extractos del documento a la prensa.
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