El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentará hoy una denuncia penal ante el Ministerio Público tras la difusión de un video anónimo en el que un encapuchado presuntamente simpatizante del exmandatario Evo Morales amenaza con impedir las elecciones generales del 17 de agosto si el líder cocalero no es habilitado como candidato. En la grabación, el individuo afirma conocer los movimientos internos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del propio TSJ, y proclama: “Sin Evo no habrá elecciones”. La pieza circula desde la noche del martes en varias redes sociales y coincide con los bloqueos que sectores “evistas” mantienen en diferentes rutas del país para exigir la inscripción de Morales, pese a la inhabilitación dictada por el TCP en 2023 y ratificada este año.
En conferencia de prensa, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el mensaje como un “acto subversivo” destinado a “desestabilizar el orden constitucional e intimidar a los órganos del Estado”. Según reveló, informes de Inteligencia ya habrían identificado a los presuntos responsables detrás de la amenaza, por lo que la denuncia se interpondrá por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas tipificados en el Código Penal boliviano. “Decirles a estos aprendices de dictadores que a nosotros no nos corren con la vaina del sable”, declaró, remarcando que la justicia ordinaria “no responde a intereses políticos, sino al mandato soberano del pueblo boliviano”.
Saucedo añadió que solicitará al Comando General de la Policía refuerzos de seguridad para los magistrados y sus familias como medida preventiva, al tiempo que exhortó a la Fiscalía General y a la fuerza pública a actuar “con firmeza” para evitar que las amenazas desemboquen en episodios de violencia. El magistrado ratifico, el compromiso del órgano judicial con la realización de los comicios del 17 de agosto, advirtiendo que el calendario electoral es “innegociable” y que cualquier intento de interferencia política será enfrentado con los mecanismos legales que correspondan.
El incidente se produce en un contexto de aguda polarización: los seguidores de Morales presionan con protestas y bloqueos para revertir la sentencia constitucional que le impide una nueva candidatura, mientras las principales instituciones del sistema judicial y electoral respaldadas por el Ejecutivo insisten en que el fallo es definitivo y que la convocatoria a las urnas no se postergará. Analistas advierten que la rápida judicialización del caso será clave para contener la escalada y preservar la credibilidad de los comicios, considerados decisivos para la estabilidad política y económica del país.
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