La guerra de Gaza ha erosionado con rapidez los vínculos de Israel en América Latina: desde octubre de 2023 siete gobiernos Bolivia, Colombia, Nicaragua, Chile, Brasil, México y Honduras han retirado a sus embajadores, impuesto embargos o respaldado demandas ante la Corte Internacional de Justicia, y tres de ellos (Bolivia en noviembre de 2023, Nicaragua en octubre de 2024 y Colombia en mayo de 2024) han roto formalmente las relaciones diplomáticas .
Chile ha escalado la presión con un embargo de armas y la prohibición de negocios con entidades asentadas más allá de la Línea Verde, además de sumarse a la causa por genocidio ante La Haya, mientras el presidente Lula da Silva mantiene un agudo intercambio verbal con Jerusalén al calificar la ofensiva en Gaza de “genocidio”.
México apoyó la denuncia sudafricana ante la CIJ y exige un alto el fuego, y Honduras retiró a su embajador en noviembre de 2023 alegando violaciones al derecho humanitario, aunque sin cortar definitivamente los lazos . En contraste, un núcleo de aliados consolida la cooperación con Israel: Argentina, bajo el presidente Javier Milei, prepara un memorando de entendimiento y una nueva conexión aérea durante su visita oficial de junio; Paraguay reabrió su embajada en Jerusalén a comienzos de año; Guatemala y Panamá mantienen sus legaciones en esa ciudad; y Ecuador y Perú sostienen programas de asistencia técnico-militar y comercio bilateral.
Este panorama dibuja una polarización inédita en la región: de un lado, gobiernos que denuncian “genocidio” y buscan sanciones multilaterales; del otro, administraciones que refuerzan alianzas estratégicas basadas en seguridad, inversión y afinidad ideológica, configurando una fractura hemisférica que multiplica los frentes diplomáticos donde se disputa la narrativa y el desenlace del conflicto.
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