El 11 de junio de 2025, el presidente Luis Arce ordenó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas la intervención coordinada para despejar los bloqueos en la carretera Oruro–Cochabamba, afirmando que “intereses personales están afectando la vida y la economía del pueblo boliviano” .
La instrucción, comunicada por el Ministerio de la Presidencia, movilizó a más de 800 efectivos —entre uniformados policiales y militares— que se desplegaron a lo largo de 120 kilómetros de vía desde el sector de Challapata hasta Sacaba. El operativo inició a las 05:00 de la mañana con el refuerzo de equipos antidisturbios y maquinaria pesada para remover barricadas de piedras y troncos.
Según un informe preliminar de la Policía, los manifestantes habían instalado al menos 15 puntos de bloqueo que obstaculizaban el paso de 1.200 vehículos diarios, incluidos camiones con insumos agrícolas y grid de pasajeros. Tras un proceso de advertencias por megafonía y diálogo con líderes comunitarios, se procedió al despeje pacífico de los obstáculos, con registro de daños menores en vía y señalización vial.
El ministro de Obras Públicas, Víctor Hugo Vásquez, supervisó la operación y confirmó que, a las 10:30, el tránsito quedó restablecido en su totalidad, posibilitando el ingreso inmediato de cisternas de combustible a Cochabamba y la continuación de los envíos de fertilizantes hacia el altiplano. Sin embargo, sectores sociales afines a Evo Morales denunciaron “uso excesivo de la fuerza” y anunciaron la presentación de recursos de amparo contra la intervención.
En La Paz, el vocero presidencial Jorge Yujra defendió la medida y afirmó que “el Gobierno garantiza el derecho a la protesta, pero no permitirá que el bloqueo indefinido ponga en riesgo el abastecimiento y el bienestar de la población” . Asimismo, la Defensoría del Pueblo anunció el envío de observadores para verificar que no se vulneren garantías constitucionales durante el restablecimiento del orden público.
0