En respuesta a los cortes de ruta prolongados, el presidente Luis Arce ordenó un despliegue conjunto de Policía y Fuerzas Armadas para garantizar la libre circulación y el abastecimiento en todo el territorio.
El Ejecutivo emitió anoche un decreto que faculta a los cuerpos de seguridad a “desbloquear, con proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, los tramos viales obstaculizados por manifestantes” . El operativo comenzó antes del amanecer en la carretera Oruro–Cochabamba, clave para el transporte de hidrocarburos, y se extendió a la ruta La Paz–El Alto, donde ayer se registraron los mayores embotellamientos.
Fuentes del Ministerio de Gobierno señalan que la intervención incluye vehículos blindados del Ejército para proteger a la unidad policial y evitar emboscadas, tras los recientes ataques que costaron la vida a los agentes. La ministra de Gobierno adelantó que “no se tolerará más el uso de armas de fuego ni la obstrucción de las vías” y que los responsables civiles y políticos de las protestas podrían enfrentar cargos por terrorismo y sedición.
La medida provocó reacciones inmediatas: movimientos sociales afines a Morales anunciaron movilizaciones masivas en La Paz y Cochabamba, mientras la Coordinadora de las Seis Federaciones de cocaleros convocó a un paro general si no se revoca el decreto antes de 48 horas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo instó a las fuerzas de seguridad a actuar con “máxima cautela” y remitió a la Fiscalía posibles casos de uso excesivo de fuerza.
El economista Marcelo Quiroga advirtió que, aunque necesario para reactivar la economía estima pérdidas diarias por bloqueos en 100 millones de dólares, el carácter militarizado de los operativos podría “polarizar aún más a la sociedad” y socavar la credibilidad del proceso electoral, poniendo en riesgo la participación ciudadana.
Créditos / Fuente
infobae.com
elpais.com