Después de más de dos semanas de movilizaciones que incluyeron el bloqueo de carreteras en distintos puntos del país, las organizaciones sindicales campesinas anunciaron la suspensión temporal de los cierres de caminos. Las protestas demandaban la habilitación electoral del expresidente Evo Morales para los comicios de 2025.
La decisión de levantar los bloqueos se conoció tras los violentos enfrentamientos ocurridos en Llallagua, Potosí, donde un operativo de desbloqueo derivó en la muerte de cuatro efectivos policiales y un campesino. Según reportes oficiales, los fallecimientos se produjeron durante un intercambio con manifestantes que habían impedido el paso vehicular por más de una semana en la zona.
El Ministerio de Gobierno instruyó la intensificación de los operativos policiales para restablecer la libre transitabilidad en las rutas nacionales, especialmente en el Chapare cochabambino, bastión político del expresidente Morales. De acuerdo con fuentes oficiales, nueve personas fueron detenidas bajo cargos de instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad del transporte y homicidio.
Por su parte, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS) y figura central de las demandas, responsabilizó al Gobierno del presidente Luis Arce por los hechos, señalando que “se está montando una narrativa para criminalizar la protesta campesina y desacreditar al movimiento indígena-popular”. Aseguró que su sector continuará con medidas de presión alternativas como vigilias, cabildos y movilizaciones.
La crisis pone en evidencia un proceso de creciente fragmentación dentro del bloque indígena y popular, históricamente articulado alrededor del MAS. Analistas políticos advierten que este conflicto representa una de las fracturas más profundas en la base social del oficialismo desde la salida forzosa de Morales en 2019.
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