En un pronunciamiento de alto impacto político y económico realizado este 19 de junio, el presidente Luis Arce advirtió que Bolivia podría enfrentarse a un impago de su deuda externa si no se concretan mecanismos urgentes de financiamiento internacional. El monto total de la deuda asciende a 13 300 millones de dólares, comprometiendo tanto las reservas como la calificación crediticia del país.
La advertencia presidencial se realizó durante una conferencia en la Casa Grande del Pueblo, donde Arce señaló que “Bolivia está llegando a un límite fiscal” y que, de no acceder a recursos frescos, el país corre el riesgo de incurrir en un default técnico. Esta expresión implica el incumplimiento de obligaciones crediticias sin una declaración formal de cesación de pagos, lo cual elevaría significativamente el riesgo país.
La situación fiscal se ha deteriorado progresivamente desde el segundo semestre de 2024, en parte por la disminución sostenida de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que según el último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) se ubican por debajo de los 1 400 millones de dólares, de los cuales apenas el 30 % corresponde a divisas líquidas.
El gasto público en subvención de hidrocarburos especialmente la importación de gasolina y diésel ha alcanzado niveles récord. Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, solo en el primer trimestre de 2025 se destinaron más de 1 200 millones de dólares a la compra externa de combustibles. Este modelo de subsidio generalizado, sin ajustes estructurales, ha agravado la presión sobre el Tesoro General de la Nación.
Arce responsabilizó a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el bloqueo a la aprobación de ocho proyectos de ley que permitirían el ingreso de al menos 1 400 millones de dólares en créditos provenientes del BID, la CAF, el Banco Mundial y la República Popular China. Las bancadas de oposición y la disidencia interna del MAS han frenado su tratamiento alegando falta de transparencia en los términos de los contratos.
Desde la perspectiva técnica, el economista Gabriel Espinoza advirtió que “el país ha perdido margen de maniobra, ya que no cuenta con ahorro interno ni acceso pleno a mercados financieros. Si se llega al impago, la desconfianza se convertirá en una espiral de inflación, fuga de capitales y depreciación de la moneda”.
El FMI, por su parte, ha sugerido realizar un ajuste fiscal gradual, reformar los subsidios e implementar medidas para recuperar la confianza del mercado. No obstante, el Gobierno se resiste a asumir recortes que podrían generar mayor conflictividad social en pleno año electoral.
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