La Cámara de Diputados abordó este 25 de junio la priorización de un crédito internacional por 40 millones de dólares destinado al saneamiento y titulación de tierras en Bolivia. El debate legislativo generó posiciones encontradas sobre la capacidad institucional del INRA y la ABT para gestionar de forma eficiente dichos recursos.
En el marco de la sesión legislativa del martes, varios diputados plantearon la necesidad urgente de aprobar y ejecutar un crédito de 40 millones de dólares orientado a la conclusión del proceso de saneamiento de tierras en el país, una tarea crítica para garantizar seguridad jurídica en el acceso a la tierra y mejorar la planificación productiva del sector agropecuario.
La propuesta, actualmente en etapa de priorización, se encuentra vinculada a créditos de organismos multilaterales y contempla la asignación de recursos al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Sin embargo, la discusión parlamentaria evidenció profundas diferencias sobre la idoneidad de estas entidades para manejar los fondos.
Según reportó el medio Notibol, la senadora Centa Rek (Creemos) expresó serias dudas sobre la capacidad técnica y operativa del INRA y la ABT. En sus declaraciones, cuestionó el ritmo de avance en procesos de saneamiento anteriores y alertó sobre posibles riesgos de politización y falta de transparencia en la administración del nuevo crédito. “Se debe garantizar que estos recursos no terminen financiando estructuras burocráticas ineficientes, sino generando un impacto concreto en la tenencia de la tierra”, señaló Rek.
En contraste, diputados del oficialismo defendieron la iniciativa como estratégica para completar el proceso de regularización territorial iniciado hace más de dos décadas. Argumentaron que la consolidación del saneamiento es clave para brindar certidumbre a los productores agropecuarios, prevenir conflictos por tierras y avanzar en objetivos de seguridad alimentaria. “Sin títulos de propiedad válidos y georreferenciados, no hay inversiones ni planificación agrícola sostenible”, sostuvo el diputado Luis Vargas (MAS).
La aprobación final del crédito dependerá de su inclusión como prioridad en la agenda económica del Ejecutivo y del visto bueno del Senado. Por su parte, organizaciones campesinas y agrícolas, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), manifestaron respaldo a la medida, aunque solicitaron participación activa en la veeduría social de su implementación.
El saneamiento de tierras, que incluye la verificación, titulación y registro legal, es un componente esencial del sistema agrario boliviano. Actualmente, más del 20 % de las propiedades rurales aún carecen de saneamiento completo, especialmente en regiones como el Chaco, el norte amazónico y áreas de expansión agrícola en Santa Cruz y Beni.
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