El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) firmaron un acuerdo institucional el 24 de junio para organizar dos debates presidenciales oficiales antes de los comicios generales del 17 de agosto de 2025. El pacto busca fomentar el voto informado y garantizar a la ciudadanía el acceso directo a las propuestas de los diez postulantes a la presidencia.
En un hecho considerado relevante para el fortalecimiento del proceso democrático boliviano, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y el titular de la CEPB, Giovanni Ortuño, firmaron un memorando de entendimiento que establece la cooperación interinstitucional para garantizar la realización de dos debates presidenciales de carácter oficial, abiertos al público y con cobertura nacional.
Según lo establecido en el documento, el objetivo principal es promover un “proceso electoral transparente, deliberativo y participativo”, permitiendo a los ciudadanos conocer las plataformas programáticas de cada uno de los diez candidatos habilitados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). De esta manera, se busca incentivar un voto racional, informado y consciente, y combatir la desinformación en contextos de creciente polarización.
El acuerdo contempla que ambos debates se desarrollen bajo principios de equidad, imparcialidad y acceso inclusivo. Los encuentros estarán estructurados en bloques temáticos sobre economía, educación, salud, justicia, medio ambiente, desarrollo rural, seguridad ciudadana, relaciones exteriores y derechos humanos. Las reglas del formato, el orden de intervención, los moderadores y los tiempos de exposición serán definidos por una comisión técnica conformada por representantes del TSE, del sistema universitario y de organizaciones de la sociedad civil.
El primero de los debates está previsto para la última semana de julio, mientras que el segundo se realizaría entre el 9 y el 11 de agosto, pocos días antes de los comicios. Ambos serán transmitidos en cadena nacional a través de medios estatales, privados y comunitarios, así como por plataformas digitales, con interpretación simultánea en idiomas originarios y lenguaje de señas, en cumplimiento del principio de inclusión.
En su discurso, Hassenteufel remarcó que “la democracia no solo se ejerce votando, sino debatiendo ideas, confrontando visiones y respetando las diferencias”. Por su parte, Ortuño afirmó que la CEPB contribuye al proceso electoral con una iniciativa ciudadana que busca “construir puentes entre los candidatos y la sociedad boliviana, especialmente el sector productivo y empresarial”.
La firma del acuerdo también fue valorada positivamente por instituciones como la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Asociación de Periodistas de La Paz, quienes destacaron la necesidad de que los debates estén guiados por criterios técnicos, éticos y pedagógicos.
A pesar del consenso institucional, algunos analistas han señalado desafíos. Uno de ellos es la participación efectiva de todos los candidatos, especialmente en un escenario político fragmentado y tensionado por la división interna del MAS, los procesos judiciales abiertos contra algunos aspirantes y las acusaciones cruzadas entre frentes. Otro reto será evitar que los debates se conviertan en espacios de confrontación personal y no de exposición de propuestas programáticas.
En todo caso, el compromiso asumido por el TSE y la CEPB marca un hito en la institucionalización del ejercicio deliberativo en Bolivia. De concretarse con éxito, se sentará un precedente clave para futuros procesos electorales, en un país donde los debates presidenciales formales han sido históricamente escasos o desarticulados.
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