Diversos representantes de la oposición boliviana expresaron críticas al proyecto de ley de inversiones presentado por el Ejecutivo, argumentando posibles impactos negativos en la industria nacional.
La semana inició con la presentación oficial del proyecto de ley de inversiones por parte del Ejecutivo, cuyo principal objetivo es dinamizar la economía nacional mediante la atracción de capital extranjero y la promoción de asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura. Entre las medidas contempladas se incluyen incentivos fiscales, exenciones tributarias temporales y facilidades administrativas para empresas interesadas en invertir en sectores estratégicos.
Sin embargo, la propuesta generó reacciones inmediatas por parte de líderes de diferentes bancadas opositoras. Legisladores críticos sostienen que la ley podría consolidar un modelo económico dependiente de grandes inversores extranjeros, desplazando la producción y los emprendimientos locales. Asimismo, señalan que la flexibilización de regulaciones podría derivar en beneficios desproporcionados para consorcios internacionales, en detrimento de la soberanía económica del país.
El jefe de bancada de la oposición en la Cámara de Diputados manifestó que la propuesta no establece salvaguardas suficientes para proteger a las micro y pequeñas empresas bolivianas, que representan un porcentaje significativo del empleo formal. Además, advirtió sobre la posible erosión de la recaudación fiscal, debido a las exenciones previstas en el texto legislativo.
Desde el oficialismo, en cambio, se defiende la norma como un instrumento indispensable para estimular la inversión en un contexto marcado por restricciones fiscales y baja disponibilidad de divisas. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas afirmó que el país necesita infraestructura moderna y mayor dinamismo económico para sostener programas sociales y generar empleo.
La Asamblea Legislativa Plurinacional ha anunciado que el debate del proyecto comenzará esta semana, en sesiones que se prevén extensas y marcadas por la confrontación política. Asimismo, se confirmó la realización de audiencias públicas para recoger observaciones de sectores empresariales, académicos y organizaciones civiles.
El ministro de Economía, por su parte, indicó que el proyecto es flexible y está abierto a modificaciones que fortalezcan la protección del aparato productivo nacional. Reiteró que el objetivo no es reemplazar la industria local, sino complementarla mediante tecnología, financiamiento y experiencia internacional.
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