La Asamblea Legislativa Plurinacional suspendió la sesión programada para la madrugada del 3 de julio, en la cual se debía discutir y aprobar un crédito de 30 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a la construcción de un parque lineal que beneficiaría a las ciudades de La Paz y El Alto.
La sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, convocada para tratar el financiamiento de un proyecto urbanístico considerado estratégico, concluyó abruptamente tras denuncias de presunta manipulación de votos por parte de un bloque de senadores vinculados al expresidente Evo Morales. Los parlamentarios señalaron supuestas irregularidades en el conteo preliminar y cuestionaron la legitimidad de la votación que se pretendía llevar adelante.
El crédito del BID, cuyo monto asciende a 30 millones de dólares, está destinado a financiar la ejecución de un parque lineal que integraría áreas recreativas, ciclovías, espacios deportivos y zonas de restauración ambiental, buscando promover la conectividad y la calidad de vida en dos de las urbes más importantes del país. La iniciativa ha sido respaldada por el Gobierno central y las alcaldías de La Paz y El Alto, al considerarse un proyecto clave para el desarrollo urbano sostenible.
No obstante, el grupo parlamentario afín a Morales manifestó que la propuesta presenta riesgos de endeudamiento excesivo y falta de transparencia en la adjudicación de las obras. Ante las protestas y el abandono del pleno, el presidente de la Cámara de Senadores anunció la suspensión inmediata de la sesión, postergando el tratamiento del proyecto hasta que se garantice un ambiente de diálogo y revisión técnica detallada.
El oficialismo defendió el crédito argumentando que el BID ha ofrecido condiciones favorables, con tasas de interés bajas y un período de gracia extendido, lo que permitiría financiar infraestructura urbana sin comprometer severamente las finanzas públicas. Por su parte, sectores de la oposición advirtieron que la falta de consenso refleja la fragmentación política interna y la debilidad institucional para gestionar proyectos de gran envergadura.
El Ejecutivo expresó su preocupación por la paralización legislativa, señalando que el retraso en la aprobación podría derivar en la pérdida del financiamiento o el redireccionamiento de los recursos a otros países de la región. Representantes de organizaciones vecinales y plataformas ciudadanas demandaron celeridad en el tratamiento legislativo, destacando la urgencia de impulsar obras públicas que generen empleo y mitiguen los efectos de la crisis económica.
La fecha para la reanudación del debate aún no ha sido definida, aunque se prevé que se convoquen nuevas reuniones con mediación técnica y política para destrabar el conflicto.
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