Una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados derivó en incidentes y enfrentamientos físicos durante el debate de contratos estratégicos sobre la explotación de litio con empresas extranjeras.
La discusión en la Cámara Baja giró en torno a la aprobación de contratos por un valor estimado de 2.000 millones de dólares estadounidenses, que involucran a empresas chinas y rusas en proyectos de industrialización de litio en el salar de Uyuni y otras áreas estratégicas del altiplano sur.
Durante la sesión, el ministro de Hidrocarburos y Energías fue objeto de fuertes ataques verbales e incluso agresiones físicas por parte de legisladores opositores y un reducido grupo de diputados oficialistas disidentes. Los parlamentarios críticos argumentaron que los contratos no garantizan suficientes beneficios económicos para el Estado boliviano y que podrían representar una cesión excesiva de soberanía sobre recursos estratégicos.
La oposición cuestionó la falta de estudios de impacto ambiental detallados y denunció presuntas cláusulas confidenciales que impedirían la fiscalización ciudadana. Asimismo, señalaron que la urgencia con que se busca aprobar estos contratos se relaciona con presiones políticas y económicas internacionales.
El ministro, por su parte, defendió los acuerdos como una oportunidad histórica para que Bolivia consolide su liderazgo en la transición energética global, argumentando que la participación extranjera permitirá transferir tecnología y acelerar la industrialización, creando empleos directos e indirectos. «Bolivia no puede desaprovechar esta ventana única; o entramos ahora al mercado global de baterías, o quedaremos rezagados», sostuvo.
A raíz de los disturbios, la sesión fue suspendida temporalmente y se reanudará en los próximos días con refuerzos en el resguardo policial en el hemiciclo.
La ciudadanía se ha mostrado dividida respecto a este tema. Mientras sectores empresariales y sindicatos mineros ven con buenos ojos la inyección de capital, organizaciones ambientalistas y colectivos cívicos alertan sobre posibles daños irreversibles al ecosistema salino y a las comunidades indígenas.
La controversia en torno al litio no es nueva. En los últimos años, Bolivia ha enfrentado dificultades para encontrar un modelo de explotación que combine soberanía, rentabilidad y sostenibilidad ambiental. El debate actual refleja tensiones profundas sobre el modelo de desarrollo económico y la administración de recursos naturales.
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