La Cámara de Diputados inició el 6 de julio el análisis de un proyecto de ley que propone un incremento salarial del 3 % para los funcionarios públicos, en el marco de medidas orientadas a la recuperación del poder adquisitivo.
El proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como respuesta a la presión de diversos sindicatos estatales, que en los últimos meses han denunciado una pérdida progresiva de la capacidad adquisitiva debido a la inflación acumulada. Según datos oficiales, la inflación interanual en Bolivia alcanzó el 5,7 % al cierre del primer semestre de 2025, lo que ha deteriorado la economía doméstica de los servidores públicos.
La iniciativa plantea un incremento uniforme del 3 % sobre el salario básico de todas las categorías administrativas y técnicas en el aparato estatal, abarcando a funcionarios de los niveles central, departamental y municipal. Este ajuste salarial busca mitigar los efectos de la escalada de precios en productos básicos y servicios esenciales.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó ante la comisión legislativa que el proyecto está enmarcado en la política nacional de reactivación económica y que cuenta con respaldo presupuestario preliminar, aunque admitió que implica un desafío fiscal importante. “Nuestra prioridad es proteger el ingreso de las familias bolivianas sin comprometer la sostenibilidad macroeconómica del país”, afirmó Montenegro.
En contrapartida, varios legisladores de oposición y algunos representantes técnicos del sector económico han manifestado su preocupación por el posible incremento del déficit fiscal, que actualmente se sitúa en torno al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB). Advirtieron que un aumento salarial sin una reforma integral del gasto público podría agravar la situación financiera y limitar la capacidad de inversión en infraestructura y programas sociales.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras federaciones sindicales estatales han expresado su respaldo al proyecto, argumentando que la medida es un derecho legítimo de los trabajadores públicos ante el encarecimiento del costo de vida. Asimismo, solicitaron al Legislativo acelerar el tratamiento y evitar dilaciones que prolonguen la incertidumbre.
Se prevé que el debate en el pleno de la Cámara de Diputados se lleve a cabo el próximo 10 de julio, donde se espera una votación decisiva. De aprobarse, la ley pasará al Senado para su revisión y eventual sanción.
Las autoridades gubernamentales también evaluaron la implementación de medidas complementarias, como bonos sectoriales y subsidios específicos para segmentos vulnerables dentro del sector público.
El tema ha generado amplio interés en la opinión pública, ya que representa un punto de tensión entre la necesidad de reactivar la economía familiar y las restricciones presupuestarias del Estado.
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