El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz reanudó el 7 de julio el juicio oral contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien enfrenta cargos por presuntos hechos de corrupción vinculados a la compra irregular de material antidisturbios en 2019.
En la audiencia celebrada el lunes, la comisión de fiscales presentó nuevas pruebas documentales y periciales relacionadas con contratos de adquisición de gases lacrimógenos y otros insumos utilizados durante la gestión transitoria de 2019. Estas pruebas incluyen facturas, informes técnicos y correspondencia oficial que, según la acusación, evidencian sobreprecios y procedimientos administrativos irregulares.
La defensa de Murillo interpuso una solicitud de nulidad de obrados argumentando supuesta vulneración de derechos constitucionales y falta de imparcialidad del tribunal. No obstante, el tribunal rechazó el recurso, considerando que no se acreditaron fundamentos jurídicos suficientes para anular el proceso.
El caso ha generado gran atención mediática y social, en la medida en que representa uno de los procesos emblemáticos en la lucha contra la corrupción durante el periodo post-electoral de 2019. Según la Fiscalía, el daño económico causado al Estado por estas compras asciende a más de 2,3 millones de dólares, cifra que ha sido cuestionada y debatida en el marco del juicio.
Murillo, quien también enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, fue extraditado a Bolivia en marzo de 2025, tras un proceso coordinado entre autoridades bolivianas y norteamericanas. Su extradición fue catalogada por el gobierno actual como un “hito en la recuperación de la justicia y el respeto a la legalidad”.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han pedido garantías de debido proceso y transparencia en todas las etapas judiciales, subrayando la importancia de evitar la utilización política de casos sensibles. Por su parte, el Ministerio de Gobierno reiteró su compromiso de colaborar con el esclarecimiento de los hechos y recuperar los recursos públicos desviados.
La próxima audiencia está programada para el 15 de julio, fecha en la que se espera la presentación de testigos clave, incluidos exfuncionarios y proveedores vinculados a los contratos cuestionados. Según fuentes judiciales, el proceso podría extenderse varios meses debido al volumen de pruebas y la complejidad del caso.
El juicio contra Murillo se enmarca en un contexto más amplio de revisión de contratos y adquisiciones realizadas durante el gobierno transitorio, lo que ha derivado en la apertura de varios procesos similares contra exautoridades.
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