El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas oficializó el inicio del pago del bono Juancito Pinto, destinado a escolares de nivel primario y secundario en unidades educativas fiscales y de convenio en todo el territorio nacional.
El bono Juancito Pinto, establecido en 2006 como una política pública para fomentar la permanencia escolar y reducir los índices de deserción, beneficiará este año a más de dos millones de estudiantes. Cada alumno recibirá Bs 200, suma que, según las autoridades, tiene el objetivo de mitigar parcialmente los gastos educativos y garantizar la continuidad académica.
La asignación se realizará de forma escalonada a partir de la próxima semana, en coordinación con el sistema financiero nacional. La distribución será supervisada por el Ministerio de Educación y se prevé la participación de entidades bancarias, cooperativas y entidades financieras comunitarias para facilitar el acceso, especialmente en zonas rurales y dispersas geográficamente.
En declaraciones oficiales, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, enfatizó que el bono representa una inversión social significativa que asciende este año a Bs 400 millones. Señaló que la entrega busca también dinamizar la economía local, ya que muchas familias utilizan estos recursos para adquirir material escolar, ropa y alimentos.
Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Educación indican que desde la implementación del bono se ha observado una disminución sostenida en la tasa de abandono escolar, que en 2005 superaba el 6 %, mientras que en la gestión 2024 se reportó un 1,9 %. Estos datos respaldan la continuidad del programa como un instrumento complementario a otras políticas educativas.
Asimismo, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia manifestó su respaldo a la medida, aunque solicitaron una revisión periódica del monto del bono para que se ajuste a la inflación y a las necesidades reales de las familias. Por otro lado, algunos analistas económicos señalaron que, si bien el bono tiene un efecto social positivo, debe ir acompañado de mejoras en infraestructura y calidad educativa para lograr un impacto integral.
El Gobierno reiteró que continuará priorizando políticas redistributivas, especialmente en el sector educativo, como parte de los compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
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