El presidente Luis Arce aseguró que sus hijos contarán con asistencia legal especializada en caso de ser objeto de acusaciones futuras.
El 9 de julio, en una declaración ofrecida a medios nacionales, el presidente Luis Arce confirmó que sus hijos dispondrán de representación legal calificada para afrontar eventuales procesos judiciales o investigaciones que puedan suscitarse en el futuro.
El mandatario explicó que la decisión obedece a la creciente instrumentalización política de la justicia, situación que, según sus declaraciones, podría derivar en acusaciones infundadas contra sus familiares. “Mis hijos son ciudadanos bolivianos que deben tener el mismo derecho a la defensa que cualquier otra persona. He decidido que cuenten con abogados capacitados para garantizar su integridad jurídica”, sostuvo Arce.
La afirmación se enmarca en un contexto de polarización política intensa, acentuada por la inhabilitación de Evo Morales y la fragmentación del Movimiento al Socialismo (MAS). La oposición ha cuestionado el uso de recursos públicos y los vínculos familiares en la administración gubernamental, lo cual incrementó la tensión en el debate público.
Diversos analistas políticos interpretan esta declaración como una estrategia preventiva ante un eventual cambio de correlación de fuerzas tras las elecciones del próximo 17 de agosto. De igual modo, consideran que se busca proteger la imagen personal y familiar del presidente frente a una posible ofensiva mediática y judicial.
El anuncio generó reacciones encontradas en la opinión pública. Mientras sectores afines al oficialismo respaldaron la medida como un derecho básico, algunos representantes de la oposición calificaron la declaración como un “acto de victimización” y exigieron transparencia en la gestión y en la situación patrimonial de los familiares directos del jefe de Estado.
La Presidencia no detalló el equipo jurídico ni los costos de esta representación, limitándose a señalar que se ajustará a los procedimientos legales vigentes y no comprometerá recursos estatales.
Finalmente, Arce reiteró que su familia permanecerá en el país y que él, personalmente, seguirá defendiendo el modelo económico social comunitario productivo, incluso después de su gestión presidencial. Subrayó que la política boliviana debe superar los ataques personales y centrarse en propuestas programáticas que atiendan las demandas sociales y económicas del país.
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