Mediante un pronunciamiento oficial, el Tribunal Supremo Electoral alertó a Bolivia y a la comunidad internacional sobre una “preocupante escalada” de agresiones físicas, ciberataques y campañas de desinformación dirigidas a desacreditar el proceso del 17 de agosto.
Según el documento difundido el 7 de julio, se han registrado intentos de ingreso no autorizado al sistema TREP, amenazas telefónicas contra vocales y la difusión masiva de audios falsos que cuestionan la imparcialidad del padrón biométrico. s Tres funcionarios denunciaron seguimientos irregulares a sus domicilios en Cochabamba y Chuquisaca.
El TSE activó un “esquema de respuesta rápida” con la Policía Cibernética y solicitó la colaboración de la UIT para rastrear la dirección IP de los ataques. Asimismo, remitió a la Fiscalía una lista de diez cuentas de redes sociales que estarían coordinando la distribución de noticias falsas.
La Misión de Observación de la OEA condenó las agresiones y recordó que el artículo 23 de la Carta Democrática garantiza la autonomía de los órganos electorales. Por su parte, la Unión Europea ofreció asistencia técnica para blindar los servidores y enviará once expertos en ciberseguridad.
Sectores afines a Evo Morales tildaron la denuncia de “cortina de humo” para justificar eventual fraude, mientras voceros del oficialismo pidieron “máxima sanción” para los instigadores. El constitucionalista Gregorio Lanza advierte que, si las agresiones escalan, “la cadena de custodia podría romperse y abrir paso a impugnaciones”.
El TSE convocó a organizaciones sociales y medios a verificar la información en sus canales oficiales antes de difundirla, y anunció la creación de un Observatorio de Integridad Electoral con participación académica.
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