Dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y bancadas opositoras instalaron, por quinta vez, la Mesa de Trabajo “Unidad por la Gobernabilidad” con el objetivo de destrabar ocho proyectos de ley de financiamiento externo por más de USD 526 millones y cubrir las brechas operativas del cronograma electoral y programas de salud y caminos.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que la no aprobación de los préstamos dejaría un vacío de al menos USD 800 millones en la ejecución presupuestaria 2025, incluidos 44 millones para logística del Tribunal Supremo Electoral (TSE) material electoral, pago de jurados y voto en el exterior y 120 millones para contrapartes locales de proyectos BID y CAF. Las reservas internacionales netas continúan por debajo de USD 900 millones, el nivel más bajo en 20 años, lo que obliga al Gobierno a priorizar desembolsos externos.
La nueva ronda se realizó el 8 de julio en la Vicepresidencia, con presencia de los jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de funcionarios del MEFP y la Cancillería. Se acordó constituir subcomisiones técnicas por cada proyecto para acelerar informes de la Comisión de Planificación y votarlos en el pleno antes del 20 de julio.
El MAS defendió la urgencia señalando que “sin recursos, el TSE no podrá contratar la transmisión rápida de resultados ni garantizar el voto de residentes en Madrid y Buenos Aires”, según la diputada Eva Humerez. CC condicionó su apoyo a la inclusión de una cláusula que prohíba destinar saldos a propaganda estatal, mientras Creemos exige auditorías a los créditos devengados en 2023.
El presidente de Diputados, Israel Huaytari, anunció sesiones extraordinarias entre el 12 y 14 de julio; de lograrse dos tercios, los proyectos pasarán al Senado donde el oficialismo también carece de mayoría propia. El MEFP calcula que, si los organismos multilaterales liberan fondos a inicios de agosto, el TSE podrá transferir material a departamentos y consulados con diez días de holgura respecto a la votación.
La Confederación de Empresarios Privados celebró la reanudación del diálogo y recordó que USD 180 millones se destinarán a caminos productivos en Santa Cruz y Beni. Por su parte, la organización cívica CONADE criticó que el Ejecutivo “monte un chantaje electoral” y advirtió con movilizaciones si se aprueban créditos “sin fiscalización previa”.
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