El receso parlamentario de medio año, fijado del 13 al 27 de julio, encuentra a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sin la Comisión de Revisión de Créditos, órgano clave para destrabar 14 operaciones externas que totalizan alrededor de USD 2.000 millones para obras de infraestructura, salud y medio ambiente.
La Constitución (art. 153) permite al Legislativo un receso de 15 días, pero exige que antes se conforme una comisión especial que atienda asuntos urgentes, entre ellos financiamiento público. Ello no ocurrió en la sesión del 10 de julio, que se levantó sin consenso, pese al anuncio previo de una «mesa ejecutiva» entre bancadas oficialistas y opositoras.
El Ministerio de Economía advirtió que la postergación compromete la captación de USD 800 millones necesarios para cubrir erogaciones del Tesoro durante el segundo semestre, incluidos bonos sociales y gastos logísticos de las elecciones generales.
Entre los préstamos pendientes destacan un crédito de USD 250 millones del BID para saneamiento ambiental, uno de USD 210 millones de la CAF para la doble vía Oruro–Cochabamba y otro de USD 300 millones para sistemas de riego y carreteras en Santa Cruz, ya aprobados en comisión pero prorrogados en el plenario.
La Cámara de Senadores sumó trabas adicionales al rechazar acelerar el proyecto de USD 30 millones del BID destinado al Parque Lineal La Paz–El Alto, decisión condicionada a un informe técnico sobre impacto ambiental y sostenibilidad financiera.
La situación generó alarma en la Confederación de Empresarios Privados, que alertó sobre “efectos reputacionales” ante los organismos multilaterales y posible encarecimiento del riesgo país si se incumplen los calendarios de firma.
En reacción, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, propuso reinstalar la sesión antes del 13 de julio para aprobar, “al menos en grande”, los créditos más avanzados, pero sin respaldo del bloque “evista” ni de la alianza Comunidad Ciudadana, que condicionan su voto a priorizar la reforma judicial.
Analistas fiscales, como Claudia Costas (Fundación Jubileo), advierten que un retraso superior a 30 días obligaría al Ejecutivo a reprogramar el Presupuesto Reformulado 2025 y aumentar la emisión interna de bonos soberanos, con mayor costo financiero que los créditos concesionales.
El receso se oficializará mediante resolución camaral publicada en la Gaceta Legislativa. Si la comisión no se constituye, los créditos pendientes deberán esperar a la primera sesión ordinaria de agosto, con lo cual el desembolso efectivo no llegaría antes de octubre, retrasando la fase de licitación.
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