La ausencia de un tercio de los legisladores, entre ellos miembros del bloque “evista”, llevó al vicepresidente David Choquehuanca a suspender por segunda vez la octava sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, agudizando la disputa entre la agenda económica y la exigencia opositora de priorizar la reforma judicial.
Pasadas las 16:00 del 10 de julio, Choquehuanca informó que los secretarios de la Cámara de Diputados no se hallaban en La Paz, por lo que la directiva no alcanzó el mínimo de 19 parlamentarios requerido para reinstalar la sesión suspendida originalmente el 4 de julio. En el orden del día figuraban el crédito BID de USD 30 millones y la resolución que oficializaría el receso de medio año; sin embargo, los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana y Creemos reclamaron, mediante moción previa, considerar primero la ley marco de reforma judicial y la convocatoria a elecciones de altas cortes.
El bloque afín al expresidente Evo Morales (“evistas”) se sumó al boicot argumentando que el Ejecutivo no presenta un plan integral contra la crisis de la justicia y que “no puede seguir endeudando al país sin transparencia”.
Desde filas oficialistas, el senador Rubén Gutiérrez acusó a la oposición de “obstaculizar proyectos de desarrollo” y recordó que la ALP ya había aprobado en comisión la mayor parte de la reforma judicial, pendiente solo de revisión en grande.
La confrontación refleja un impasse más amplio: la necesidad de 2/3 de votos para leyes orgánicas choca con la fragmentación interna del MAS, que no controla quórum propio. Según el registro de asistencia, 11 senadores y 27 diputados solicitaron licencia por “agenda territorial”, cifra que excede los reemplazos posibles durante la semana previa al receso.
Mientras, organizaciones civiles como la Alianza Observa Bolivia exhortaron a los legisladores a retomar la sesión “con prioridad en la reforma judicial”, recordando que la crisis de retardación procesal afecta al 70 % de los privados de libertad sin sentencia ejecutoriada.
Choquehuanca anunció que emitirá un comunicado para una nueva convocatoria “a la brevedad”, pero técnicos legislativos advierten que, si la sesión no se reinstala antes del 12 de julio, el receso se activará de facto y los proyectos pasarán al próximo periodo, retrasando la aprobación del Presupuesto Reformulado 2025.
El episodio tensiona la relación con el Ejecutivo, que requiere la autorización de créditos externos antes del 31 de julio para suscribir convenios definitivos con el BID y la CAF.